Nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 17 de marzo de 1955. Allí pasó su infancia entre la escuela primaria y la laguna, una de sus pasiones. El secundario lo hizo en el Liceo Naval de Río Santiago, del cual se fue en cuarto año, después de elevar un fuerte planteamiento a sus autoridades, debido al rol represivo desempeñado por las FF.AA. Inició la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires para luego irse a vivir a Córdoba y casarse, el 1° de agosto de 1975. Comienza a estudiar Medicina en la universidad de la Docta y a militar de lleno en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros. Es el responsable de la “orga” en esa facultad durante 1974-75. Allí algunos lo conocían como “Guacho” y otros como “Tero”. Un mes más tarde en septiembre lo detienen junto al “Pato” Svaguza. Mientras estaba en la Unidad Penitenciaria (UP.1), sus padres habían conseguido que le saliera la opción para irse a España; en los trámites y papeleos previos estaban ellos, cuando le mataron al hijo. El “Tero” Hernández fue asesinado el 17 de mayo de 1976. Alrededor de las 22 hs. de ese día fue retirado junto a sus compañeros M.A. Mozé, J. Svaguza, R. Verón, R. Yung y D. Fidelman. La orden de traslado fue efectuada por el General Juan Bautista Sasiaiñ, la autorización fue emitida por el Juez Adolfo Zamboni Ledesma y el Cabo 1° Luis Eduardo Vázquez, adscripto al personal del D2 de Informaciones de la Policía Provincial, que encabezaba la comisión policial, firmó en la cárcel el retiro de los detenidos. Mintiendo una vez más, el III° Cuerpo de Ejército, denunció un enfrentamiento con cómplices de los presos, de resultas del cual murieron todos los prisioneros. Vecinos de la zona y testigos circunstanciales aseguraron que esa noche, los prisioneros fueron esposados por la espalda y obligados a correr con sus ojos vendados por las orillas del río Suquía, en las inmediaciones del puente Santa Fe. Allí fueron acribillados a balazos. Después la policía tiroteó sus propios vehículos para simular el enfrentamiento. Los jueces federales bajo cuya jurisdicción estaban los detenidos no promovieron ningún tipo de investigación sobre los hechos acaecidos.